LA VERDAD A FLOTE

Contrario a lo que podría pensarse el caso de Rubén Gil Campos todavía está por dar mucho de qué hablar; ello porque en los días previos dominaron las especulaciones y los trascendidos de prensa (provenientes de los Estados Unidos), pero será a partir de esta semana cuando las versiones oficiales deban salir a flote. Para comenzar, es probable que sea este día cuando llegue a Puebla la petición de licencia de Gil Campos al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y a la Secretaría de Gobernación estatal, de modo que formalmente el regidor de Gobernación de aquel municipio será el encargado, por treinta días, de llevar la administración de la localidad que apenas vio durante un mes a su nuevo edil, antes de que éste fuera arrestado en los Estados Unidos por cargos de conspiración para distribuir drogas. Esta petición de licencia evidentemente no incluirá las razones concretas de porqué Rubén Gil no puede regresar a México (el citado personaje no va a aceptar que se le acusa de narcotráfico), aunque seguramente sí será el motivo para que las autoridades estatales establezcan una versión oficial sobre los impedimentos del todavía presidente municipal para retomar su cargo. Y de hecho eso es lo que la gente quiere: una versión oficial, una declaración que venga a poner los puntos sobre las íes y que vaya más allá de comunicados de prensa vacíos, que contienen mucha menos información que la que los medios han podido recabar de sus homólogos en la unión americana. Una cosa es cierta: Rubén Gil ya no podrá regresar al Palacio Municipal de Izúcar, y este hecho por sí mismo obliga a que el Poder Ejecutivo y el Legislativo local comiencen a hacer lo propio.

Y se dice que el exitoso migrante no regresará ya a su cargo por razones muy simples. Suponiendo que logre superar el juicio donde se le acusa de conspiración para distribuir drogas en los Estados Unidos, algo que se ve remoto tomando en cuenta las evidencias que tienen en su contra y su clasificación de “hombre peligroso”, en México ya se ha destapado una cloaca que le impediría volver por sus fueros a ser edil, toda vez que se han hecho del dominio público sus abusos, sus antecedentes de roces con la ley debido a la portación de armas y falsificación de credenciales de la Policía Judicial, su política terrorista en contra de sus detractores, y sus intentos de coptar a funcionarios de la Procuraduría de Justicia dándoles alojamientos de lujo y otras prebendas en la región de Izúcar. Por otra parte, el Estado de Puebla no toleraría ya un escándalo nacional y siempre será preferible poner manos a la obra para limpiar la casa, que tener que enfrentar las consecuencias de proteger la imagen de Rubén Gil sólo por no reconocer el error que significó haberle permitido competir en las elecciones del pasado once de noviembre. Por eso urge una versión oficial creíble, que satisfaga a la sociedad y que contenga la avalancha de acusaciones que surgirían en contra de las autoridades estatales.

Y si las críticas de los medios no son importantes, sí lo es la imagen que de Puebla tengan las autoridades federales, o más aún, el uso político que se pueda hacer de este escándalo en las elecciones del próximo año, en las que los partidos de oposición seguramente serán mucho más incisivos que en las pasadas elecciones locales.

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